Colombia cerró una etapa de expansión digital con una cifra grande sobre la mesa: 3,5 millones de nuevos hogares conectados a internet durante el cuatrienio, según el balance presentado por MinTIC. El dato trae una buena noticia y una pregunta urgente: cómo evitar que la conectividad rural vuelva a depender de programas que se apagan cuando cambia el ciclo político.
Resumen rápido
- MinTIC reportó 3,5 millones de nuevos hogares conectados y una cobertura rural que supera el 50%.
- El modelo de Juntas de Internet busca que comunidades e ISP regionales operen redes donde los grandes operadores no llegan con facilidad.
- Medios como CAMBIO alertan que más de 188.000 hogares podrían perder servicio si no se garantizan recursos y continuidad.
La conectividad volvió a ser noticia en Colombia, no por un lanzamiento de 5G ni por una app de moda, sino por algo bastante más básico: que una familia pueda conectarse desde una vereda, una escuela o un barrio donde antes el servicio era intermitente, caro o inexistente. En su balance sectorial, MinTIC aseguró que el país sumó 3,5 millones de hogares conectados y que, por primera vez, más de la mitad de los hogares rurales tienen acceso a internet.
La cifra importa porque la discusión tecnológica del país suele saltar rápido hacia inteligencia artificial, nube, automatización o economía digital. Todo eso suena bien, pero se queda corto si la base sigue siendo desigual. Para una pyme rural, un colegio público o un emprendimiento de turismo comunitario, la diferencia entre tener o no tener internet estable no es cosmética: define si puede vender, capacitarse, facturar, tomar clases, usar herramientas de IA o simplemente comunicarse sin ir hasta el casco urbano.
Uno de los puntos más interesantes del balance es el modelo comunitario de conectividad. MinTIC dice que dejó en marcha Juntas de Internet y alianzas con proveedores regionales para llevar redes a territorios donde la lógica comercial de los grandes operadores no siempre funciona. En otra nota oficial, la entidad explicó que este esquema ya beneficia a más de 26.000 hogares y llegó a 253 municipios priorizados en 28 departamentos, con presencia en zonas como La Guajira, Cauca, Chocó, Amazonas y Vichada.
La idea es sencilla de explicar y difícil de ejecutar: que la comunidad no sea solo usuaria final, sino parte de la operación y sostenimiento del servicio. Eso puede ayudar a resolver un problema histórico de muchos proyectos de conectividad pública: se instala infraestructura, se celebra el corte de cinta y luego aparecen los dolores de cabeza de mantenimiento, energía, soporte técnico, pagos y actualización.
Ahí está el punto que las empresas deberían mirar con atención. Si el internet rural se consolida, se abre un mercado real para servicios de educación en línea, herramientas de gestión agropecuaria, telemedicina, pagos digitales, comercio electrónico local y soluciones de IA aterrizadas al territorio. No hablamos de “transformación digital” como eslogan; hablamos de productores que pueden comparar precios, estudiantes que pueden usar laboratorios virtuales y negocios pequeños que pueden atender clientes fuera de su municipio.
Pero la continuidad no está garantizada. CAMBIO publicó una alerta sobre más de 188.000 hogares que podrían quedarse sin internet si los programas de conectividad no reciben respaldo suficiente en el empalme y en la siguiente administración. Ese dato baja la conversación a tierra: conectar es apenas la primera mitad de la tarea; sostener el servicio, medir calidad y financiar la operación es la otra mitad.
También hay un vínculo directo con la agenda de IA. El mismo balance de MinTIC menciona la adopción de una política nacional de inteligencia artificial, centros especializados y municipios que iniciaron procesos para aplicar esta tecnología en seguridad, turismo, movilidad, ambiente, agro y servicios al ciudadano. Nada de eso escala si la conectividad territorial es frágil. La IA necesita datos, sí, pero también necesita redes, dispositivos y usuarios capaces de conectarse sin pelear con la señal.
Lo que viene debería medirse menos por anuncios y más por indicadores prácticos: velocidad real en zonas rurales, tiempo de caída del servicio, número de escuelas conectadas que efectivamente usan la red, sostenibilidad financiera de las Juntas de Internet y participación de proveedores locales. Si esos datos mejoran, Colombia tendrá una base más sólida para que la innovación no se quede encerrada en Bogotá, Medellín o Cali.
La lectura final es positiva, con cautela. El país avanzó en cobertura y probó modelos más cercanos al territorio. Ahora necesita evitar que la conectividad comunitaria sea vista como un proyecto de gobierno y no como infraestructura pública crítica para estudiar, emprender y competir.