El caso de Neros Technologies, una startup estadounidense que fabrica drones FPV de bajo costo para defensa, abrió una conversación incómoda pero necesaria para Colombia. Francisco Santos propuso mirar ese modelo para crear una industria local de drones contra el narcotráfico; el punto no es entusiasmarse con la guerra tecnológica, sino entender qué capacidades industriales, éticas y operativas tendría que construir el país antes de usar drones como política pública.
Resumen rápido
- Neros fue fundada en 2023 y, según Ecosistema Startup, cerró un contrato de hasta US$500 millones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
- La compañía fabrica drones FPV tácticos, de bajo costo y con cadena de suministro segura; su sitio oficial destaca producción escalable, radios propios y software para autonomía útil.
- Para Colombia, la discusión mezcla seguridad, industria local, regulación, compras públicas y límites éticos del uso de automatización en defensa.
Neros no inventó los drones. Su jugada fue otra: tomar una tecnología conocida, hacerla barata, producirla en escala y adaptarla a necesidades reales de defensa. Ecosistema Startup resume el caso con cifras que llaman la atención: drones Archer de aproximadamente US$2.000 sin explosivo, versiones equipadas cerca de US$5.000, rango de 20 kilómetros y una producción reportada de 1.200 unidades por semana. La empresa, fundada por Olaf Hichwa y Soren Monroe-Anderson, encontró una oportunidad en el cambio que dejaron Ucrania y otros conflictos recientes: los sistemas pequeños, desechables y rápidos de fabricar pueden alterar la ecuación frente a equipos carísimos y lentos de comprar.
El sitio oficial de Neros refuerza esa tesis. La compañía habla de “asymmetric advantage at scale”, producción en Estados Unidos, cadena de suministro segura, drones FPV modulares, estaciones de control y software que aporta autonomía sin quitarle completamente el control al piloto. También destaca que su Archer fue seleccionado para el programa Purpose-Built Attritable Systems del Ejército de Estados Unidos y que cerró una Serie B de US$75 millones liderada por Sequoia. Es decir: esto ya no es un hobby sofisticado de carreras de drones; es una categoría industrial donde capital de riesgo, manufactura y defensa se están cruzando fuerte.
La conexión colombiana aparece por la propuesta de Francisco Santos al presidente electo Abelardo de la Espriella: crear una industria masiva de drones tomando como referencia el modelo de Neros para combatir narcotráfico. La idea puede sonar seductora en un país que conoce de sobra los costos humanos y fiscales de esa lucha. Pero justo por eso necesita más cabeza fría que aplauso fácil.
Primero, Colombia tendría que separar tres conversaciones. Una cosa es usar drones para vigilancia, mapeo, monitoreo ambiental, logística o reacción ante emergencias. Otra muy distinta es usarlos como sistemas ofensivos. Y otra, más compleja todavía, es mezclar inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, autonomía y decisiones de fuerza. La tecnología puede ayudar a reducir riesgos para soldados y policías, mejorar información en terreno y cubrir zonas difíciles. También puede crear errores graves si se compra sin doctrina, sin auditoría y sin controles democráticos.
Segundo, si el objetivo es industria local, no basta con importar drones y cambiarles el sticker. La ventaja de Neros está en diseño, motores, radios, software, pruebas de campo, certificaciones, suministro y capacidad de manufactura. Para Colombia, eso implica universidades, proveedores metalmecánicos y electrónicos, startups de software, normas claras de contratación pública y una demanda estatal que premie desempeño real, no relaciones políticas. En otras palabras: defensa-tech seria, no feria de proveedores improvisados.
Tercero, hay una oportunidad civil enorme que no debería quedar opacada por la narrativa militar. Drones con sensores e IA ya pueden servir para agricultura de precisión, control de minería ilegal, seguimiento de infraestructura, protección de páramos, búsqueda y rescate, inventarios forestales y seguridad industrial. Si Colombia desarrolla capacidades en navegación, visión por computador, comunicaciones resistentes y mantenimiento local, el mercado no se limita a defensa. Puede convertirse en una capa productiva para regiones donde el terreno hace costosa cualquier operación.
Lo que conviene mirar después es si la propuesta aterriza en pilotos medibles o se queda en frase de campaña. Un buen primer paso sería un programa transparente para drones de uso civil y seguridad no letal: compras pequeñas, evaluación independiente, participación de universidades, datos abiertos sobre resultados y reglas claras de privacidad. Si el país algún día decide discutir usos más duros, esa conversación debe pasar por Congreso, jueces, organismos de control y sociedad civil. La tecnología rápida no puede saltarse la deliberación lenta que protege derechos.
El mensaje de fondo es claro: Colombia sí debería estudiar a Neros, pero no para copiar la parte más ruidosa. Debería copiar la disciplina industrial: fabricar mejor, probar rápido, asegurar la cadena de suministro y construir software útil. Ahí hay una agenda tecnológica real, con impacto en seguridad, productividad y soberanía. Lo demás requiere cuidado, porque un dron mal gobernado no es innovación: es un problema volando.