Colombia acaba de mover una ficha importante en seguridad digital infantil: el Gobierno expidió el Decreto 0769 de 2026 para reglamentar nuevas responsabilidades de plataformas, colegios, familias y entidades públicas frente a los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en internet. La medida no se queda en el consejo de “vigile más el celular”; exige diseño seguro, canales de reporte, controles parentales y respuesta ante contenidos dañinos.
Resumen rápido
- El decreto reglamenta la Ley 2489 de 2025 y aterriza obligaciones para redes sociales, apps, videojuegos, instituciones educativas y familias.
- El foco está en riesgos concretos: ciberacoso, grooming, explotación sexual infantil en línea, contenidos nocivos, uso compulsivo de pantallas y reclutamiento digital.
- Para empresas y colegios, la pregunta ya no es si deben hablar de seguridad digital, sino cómo la integran en producto, operación y formación.
El Decreto 0769 de 2026 marca un cambio sano en la conversación colombiana sobre menores e internet. Durante años, buena parte de la discusión se quedó en dos extremos: culpar a las familias por no supervisar suficiente o pedirles a las plataformas que “hagan algo” sin definir qué significa eso. La nueva reglamentación intenta ordenar la cancha con un principio clave: corresponsabilidad. En otras palabras, la seguridad digital de un niño no depende solo del papá, la mamá o el profesor; también compromete a quienes diseñan productos digitales, administran colegios, prestan servicios en línea y regulan desde el Estado.
Según reportaron El Tiempo, Noticias Caracol y La FM, la norma exige a plataformas tecnológicas, redes sociales, servicios de mensajería, videojuegos y desarrolladores que operen en Colombia incorporar seguridad y privacidad desde el diseño y por defecto. Ese detalle importa. No se trata de esconder un control parental en el menú número ocho de una app, sino de pensar desde el inicio qué datos se recogen, qué contenidos se recomiendan, qué tan fácil es denunciar una conducta peligrosa y cómo se reduce la exposición de menores a contactos o dinámicas abusivas.
También aparecen obligaciones más operativas: mecanismos de verificación de edad acordes con el riesgo del servicio, controles parentales claros, canales visibles de denuncia y respuesta inmediata frente a material de explotación o abuso sexual infantil. En los casos más graves, las plataformas deberán eliminar, bloquear y reportar. Para una red social grande esto puede sonar obvio; para apps, comunidades, videojuegos o servicios locales con equipos pequeños, implica revisar procesos, soporte, moderación y manejo de datos personales bajo la Ley 1581.
El impacto empresarial es directo. Cualquier compañía colombiana que trabaje con comunidades digitales, educación, entretenimiento, gaming, contenido para jóvenes o herramientas escolares debería leer la norma como una lista de chequeo de producto. ¿La app distingue usuarios menores? ¿El onboarding explica riesgos sin lenguaje jurídico? ¿Hay rutas de reporte que sí funcionan? ¿El equipo sabe qué hacer ante una denuncia delicada? ¿Los proveedores de IA, analítica o recomendación amplifican contenido riesgoso? Si esas preguntas no están respondidas, el riesgo no es solo reputacional: puede volverse regulatorio.
Para los colegios, el reto es menos tecnológico y más cultural. El decreto empuja a las instituciones educativas a fortalecer la formación en ciudadanía digital, prevención del ciberacoso y uso responsable de plataformas. Eso no se resuelve con una charla anual. Requiere protocolos para incidentes, acuerdos con familias, capacitación docente y una mirada realista: los estudiantes ya viven en entornos digitales, con o sin permiso del manual de convivencia.
La medida llega en un momento sensible. La inteligencia artificial generativa facilita crear imágenes falsas, suplantar identidades, automatizar acoso y producir contenidos engañosos con una velocidad que hace tres años era impensable. Colombia no puede legislar cada herramienta nueva, pero sí puede exigir principios mínimos: privacidad por defecto, diseño seguro, trazabilidad de reportes y responsabilidades claras.
Lo que hay que mirar ahora es la implementación. Una norma ambiciosa puede quedarse corta si los canales de reporte no se auditan, si las plataformas pequeñas no entienden cómo cumplir o si los colegios reciben nuevas obligaciones sin acompañamiento. Bien ejecutado, este decreto puede convertirse en una base útil para proteger a menores sin apagar internet. Mal ejecutado, corre el riesgo de ser otro documento bonito que nadie traduce a producto, aula y soporte.