Fedesoft aprovechó la instalación del nuevo Congreso para pedir que la economía digital deje de ser un tema de coyuntura y se convierta en una política pública de largo plazo. La propuesta incluye una agenda de 14 puntos alrededor de talento, innovación, inteligencia artificial, ciberseguridad y transformación digital, con una idea de fondo: el software ya no es un sector aparte, es infraestructura productiva.
Resumen rápido
- Fedesoft propone reconocer el software como sector estratégico nacional y crear una política nacional de economía digital.
- El gremio reporta que la industria digital representa 3,6% del PIB colombiano, genera más de 406.000 empleos directos y supera US$2.400 millones en exportaciones.
- La agenda pone foco en talento digital, IA, ciberseguridad, innovación y uso de tecnología para resolver problemas de salud, seguridad, agro, trámites e inclusión financiera.
El 20 de julio no solo abrió una nueva legislatura. También puso sobre la mesa una pregunta que Colombia suele aplazar: ¿la tecnología seguirá siendo un capítulo adicional en los planes de gobierno o se tratará como una capacidad básica del Estado y de la economía? Fedesoft, la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI, quiere empujar la discusión hacia la segunda opción.
La propuesta llega en un momento cargado de ruido político. Normalmente, cuando arranca un Congreso, la conversación se va hacia reformas tributarias, laborales, de salud, justicia o educación. Todas son importantes, claro. Pero la tesis del gremio es que ninguna de esas discusiones puede avanzar bien si se ignora la capa digital que hoy atraviesa servicios públicos, productividad, seguridad, datos, trámites y competitividad empresarial.
La frase clave es sencilla: no se trata de preguntarse cuánta tecnología necesita Colombia, sino qué problemas quiere resolver con tecnología. Si el sistema de salud requiere diagnósticos más oportunos, los datos y la automatización importan. Si el Estado quiere simplificar trámites, necesita software usable, interoperabilidad y seguridad. Si el agro busca productividad, sensores, analítica y plataformas de gestión dejan de ser lujo. Si la seguridad ciudadana necesita anticipar patrones, la infraestructura de datos se vuelve crítica.
Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft, lo planteó en declaraciones recogidas por El Tiempo e Infobae: cuando la tecnología se entiende solo como un asunto del sector TIC, se desperdicia buena parte de su potencial; cuando se convierte en política de Estado, puede operar como motor de desarrollo. La idea no es menor, porque Colombia tiene historial de programas digitales que cambian de nombre, prioridad y presupuesto cada cuatro años.
El gremio propone una política nacional de economía digital con visión de largo plazo. Allí entran varios frentes: formación de talento, innovación, desarrollo de inteligencia artificial, fortalecimiento de ciberseguridad y aceleración de la transformación digital. En la práctica, eso debería traducirse en reglas claras, compras públicas más inteligentes, continuidad institucional y metas medibles. No basta con anunciar laboratorios de IA o cursos masivos si luego las entidades no tienen equipos, datos limpios, arquitectura y presupuesto para sostenerlos.
Las cifras ayudan a dimensionar la conversación. De acuerdo con los datos citados por los medios, la industria digital ya representa 3,6% del PIB del país, genera más de 406.000 empleos directos y supera los US$2.400 millones en exportaciones de servicios y productos relacionados. Es decir, no estamos hablando de un nicho decorativo para ferias de innovación. Es una industria que pesa, exporta y además puede mejorar la productividad de otras actividades.
Para las empresas, el mensaje es directo. Si la economía digital gana estatus de política de Estado, habrá más presión —y oportunidad— para modernizar procesos, contratar talento técnico, proteger datos y adoptar IA con criterio. Las pymes podrían beneficiarse si las iniciativas se diseñan con acceso real y no solo para grandes compañías con departamentos de tecnología. Pero también tendrán que ponerse al día: facturación, atención al cliente, inventarios, cumplimiento, ciberseguridad y analítica ya no pueden manejarse como tareas sueltas.
El punto delicado será evitar que la agenda se quede en documento bonito. Colombia ya tiene diagnósticos de sobra. Lo que falta es ejecución: entidades que compren mejor tecnología, interoperabilidad entre sistemas públicos, datos confiables, formación conectada con empleo y una política de IA que no ahogue la innovación, pero tampoco deje a ciudadanos y empresas expuestos a riesgos opacos.
Lo que viene ahora es político y operativo. Si el Congreso y el próximo gobierno toman en serio la propuesta, deberían pedir indicadores concretos: cuántos trámites se simplifican, cuántas empresas adoptan ciberseguridad básica, cuántos empleos digitales se crean fuera de Bogotá y Medellín, cuántas entidades usan IA con auditoría y supervisión. Ahí se sabrá si la economía digital se volvió prioridad real o si quedó, otra vez, como tema de presentación.