La inteligencia artificial ya no es una hipótesis en la justicia colombiana: servidores judiciales la están usando para consultar, redactar borradores y acelerar tareas que antes tomaban horas. Una investigación de Dejusticia prende la alerta útil: el problema no es prohibirla ni aplaudirla sin filtro, sino hacer visible quién la usa, bajo qué reglas y con qué control humano.
Resumen rápido
- Dejusticia documentó el uso de IA en la judicatura con revisión documental, entrevistas y más de 5.300 respuestas a encuestas.
- El estudio identifica cuatro perfiles: entusiastas, silenciosos, reticentes y excluidos digitales.
- La Corte Constitucional ya dijo que la IA no puede sustituir el razonamiento del juez; ahora falta bajar esa regla a prácticas claras.
La congestión judicial en Colombia hace que cualquier herramienta que prometa ahorrar tiempo suene tentadora. ChatGPT, Copilot, Gemini y otros asistentes pueden ayudar a buscar información, resumir documentos, ordenar argumentos o preparar borradores. Para un despacho con carga alta, eso no es un juguete: puede ser la diferencia entre sacar adelante tareas repetitivas o seguir acumulando retrasos.
Pero en justicia la velocidad nunca puede ser el único criterio. Una respuesta inventada, una cita jurídica falsa, un sesgo oculto o una recomendación mal revisada pueden afectar derechos reales. Por eso la investigación publicada por Dejusticia es tan relevante: no se queda en el debate abstracto de “IA sí” o “IA no”, sino que mira cómo se está usando en la práctica dentro del sistema judicial colombiano.
El trabajo, vinculado al libro Digitalidad Justa: Aproximaciones desde los Derechos Humanos, combina revisión documental, entrevistas a diez servidores judiciales y seis expertos, además de encuestas con más de 5.300 respuestas. La conclusión de base es clara: el uso existe. La pregunta importante es si ese uso está siendo transparente, regulado y acompañado por capacidades institucionales suficientes.
Dejusticia identifica cuatro perfiles. Los entusiastas tienen acceso, usan IA y lo dicen abiertamente. Suelen contar con más recursos para pagar herramientas o capacitarse, pero enfrentan un riesgo serio: confiar demasiado en la máquina y revisar poco. Los silenciosos también usan IA, pero prefieren no reconocerlo por miedo a sanciones, estigmas o cambios en cargas de trabajo. Ese silencio es peligroso porque impide aprender de buenas prácticas y detectar errores.
El tercer grupo son los reticentes, personas que no usan IA o la usan muy poco. Su resistencia mantiene viva una idea necesaria: la ciudadanía no acude a la justicia solo por rapidez, también espera humanidad, criterio y responsabilidad. El problema es que, si esa resistencia no viene acompañada de alternativas, puede profundizar la congestión. Finalmente están los excluidos digitales: despachos sin conectividad estable, equipos adecuados o formación suficiente. Ahí aparece una brecha delicada: una justicia de dos velocidades, con unos despachos asistidos por tecnología y otros trabajando con limitaciones básicas.
El marco jurídico ya tiene señales importantes. Dejusticia recuerda la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, que establece que la inteligencia artificial no puede sustituir el razonamiento del juez. También menciona un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que avanza en esa dirección. Aun así, persisten vacíos: cómo revelar el uso, qué tareas son aceptables, cómo auditar resultados, cómo proteger el debido proceso y cómo evitar que cada despacho interprete las reglas a su manera.
Para empresas y entidades públicas, la lección va más allá de los juzgados. La IA puede ayudar en procesos críticos, pero solo si hay gobierno, trazabilidad y supervisión humana. En justicia esa exigencia es todavía más fuerte: no basta con que el sistema produzca un texto convincente; debe existir una persona responsable que entienda, revise y responda por la decisión.
Lo que conviene mirar ahora es si Colombia convierte estas alertas en guías operativas. Se necesitan reglas simples para declarar cuándo se usó IA, formación práctica para servidores judiciales, criterios de compra tecnológica y mecanismos para que la ciudadanía pueda cuestionar decisiones donde haya apoyo algorítmico. La meta no debería ser una justicia robotizada, sino una justicia más ágil sin perder lo esencial: criterio humano, igualdad y derechos.